Jugando a "arqueólogos"

Interesante reflexión de Fernándo Valdés en La Crónica de Badajoz: 

Un arqueólogo no es un señor raro que busca piedras y cacharros antiguos y que, en las ciudades históricas, se dedica a complicarles la vida a los munícipes -gente culta y deseosa de inaugurar pronto y bien-, a los arquitectos e ingenieros -muchos de ellos de esencia divina-, quienes han de soportar a un fulano que sólo pone pegas y pretende discutir sus infalibles decisiones -como las de Papa en materia doctrinal- y, no digamos, a los contratistas, ganadores de concursos con bajas, desmedidas a veces, ignorantes, por conveniencia, de la presencia de restos y dispuestos siempre a usar retroexcavadora de cuchara grande para certificar partidas con el menor coste y el mayor beneficio.

 

Pues no. Un arqueólogo es un historiador que interpreta vestigios materiales. Si es prehistoriador sólo con el recurso de la excavación y los análisis y, si se dedica a períodos históricos, con la ayuda de la documentación escrita. Ambos grupos, que son uno, excavan, pero, aunque no se lo crean y ustedes, ni en ocasiones ellos mismos, desarrollan su principal labor en la biblioteca, en el laboratorio o en ambos. El trabajo de campo es sólo una parte, no siempre la más importante, de su actividad.

La Ley de Patrimonio Histórico Español y las innecesarias imitaciones de las comunidades autónomas colocaron a los citados investigadores en un lugar privilegiado. Que, por cierto, les correspondía, si es que estamos hablando de una sociedad desarrollada, respetuosa y orgullosa de sus raíces. Y ahí se acabó la diversión, que diría el llorado Carlos Puebla .

Un arqueólogo bien preparado cumple con su trabajo una función social. Cara, pero importante. Y, en no pocos casos, a los gremios mentados no les hace gracia, porque les encarece los proyectos, pone en entredicho sus sesudas opiniones y les obliga a ganar menos. Todas las reglas tienen sus excepciones y si las administraciones públicas, incapaces de asegurar por sí mismas la protección del patrimonio arqueológico a riesgo de aumentar la plantilla hasta donde los tiempos no aconsejan, no dan la razón a los arqueólogos, cuando la tienen, hacemos un mal negocio. Perdemos memoria y convertimos a esos profesionales en muñecos del pim-pam-pum.

En esto de la Arqueología también hay fraude. Prácticas abusivas, inhibición de la administración competente e ignorancia, mucha ignorancia, como en cualquier gremio. Y, además, cualquiera que ha plantado un geranio -práctica de excavación donde las haya- puede llamarse arqueólogo, cuando sólo es excavador. Luego llegan los trámites para solicitar una dirección.

Cualquier licenciado en Historia -hablo de aquí- con un currículo de un cierto número de actividades afines documentadas puede hacerlo. A la Administración no le importa si el solicitante tiene nivel científico suficiente. Se puede tener un historial de destripar yacimientos y justificar un largo palmarés. Y eso es una contradicción, porque es ahí donde reside la clave de algunos problemas. 

Como en Medicina, no puede mezclase la actividad de los especialistas. No es lógico que un medievalista excave yacimientos prehistóricos, pero, tampoco, que un tratadista de arte rupestre paleolítico dirija investigaciones en una ciudad romana, por poner sólo un ejemplo comprensible. Esa es, al menos, la teoría.

Pero hay más. A la hora de las autorizaciones previas, el excavador ha de incluir una copia del presupuesto aprobado por la empresa contratante. Es decir, dejar que se supervise un documento privado, firmado entre dos entes privados. Eso, se dice, es para evitar las bajas temerarias y para proteger los intereses laborales del arqueólogo. En realidad no suele ser así. No es infrecuente la presentación de presupuestos falsos, luego no concordantes con el precio real del proyecto. 

Y en eso conviene saber que el director de la excavación suele ser, a su vez, contratado por una empresa de gestión arqueológica, la realmente beneficiada, en dinero o frecuencia de proyectos, con un mismo adjudicatario de obras. Y eso redunda en la disminución del rigor técnico, tampoco muy exigido si el proyecto lo paga otra administración. La conveniencia política y la comodidad de los servicios jurídicos echan siempre su cuarto a espadas. Y suelen ganar.

No crean que en Badajoz somos ajenos a esas prácticas. Esto no es Hawai y, a este paso, cada vez lo será menos.